Por: José Miguel Barrera, Seguimiento y Evaluación-Fundación Saldarriaga Concha
Quien no se mide y no se compara, no puede mejorar, dice una premisa, la cual se hace palpable aún más cuando se trabaja en el sector social y se tiene un proceso de evolución y desarrollo constante, como el que ha venido experimentando la Fundación Saldarriaga Concha. La inversión social exige medir el impacto de los proyectos, pues las inversiones sociales que se hagan o se dejen de hacer, tienen efecto directo en las personas más vulnerables, sobre las que misionalmente se trabaja. Ésta exigencia pone sobre la mesa los siguientes cuestionamientos que necesitan ser resueltos en el menor tiempo posible:¿Lo que hemos hecho hasta hoy se ha realizado de la mejor manera?, ¿Estamos llegando de la forma adecuada a la población objetivo?, ¿Estamos cumpliendo a cabalidad con nuestra misión?, ¿Cómo seguir invirtiendo sin saber si lo estamos haciendo bien? o para hacerlo ¿Debemos esperar a que pase un tiempo “prudencial”?
Dar respuesta a las anteriores preguntas de manera contundente y tangible no es sencillo en el sector social, dado el carácter subjetivo de los logros que se obtienen en un proyecto. La dinámica del sector no permite quedarnos satisfechos de que lo hemos hecho bien, solo con las expresiones de agradecimiento de las distintas instituciones y organizaciones, de la población a la cual dirigimos de manera directa o indirecta nuestras acciones, no basta con un acto de buena fe, debemos responder no solo las preguntas anteriores, sino todas aquellas que nos permitan cumplir de manera eficiente con nuestra misión, es por esto que la Fundación Saldarriaga Concha decidió realizar en 2012 una Evaluación de Impacto*, la cual ha sido clave para conocer aciertos y oportunidades de mejora.
Dentro de esa evaluación incluimos la medición de la utilidad esperada con algunas iniciativas, proyectando los resultados en un determinado tiempo, lo cual nos llevó a conocer los beneficios económicos que recibirían nuestros beneficiarios, al igual que tener cierto grado de certeza de lo que podemos obtener en un futuro sin esperar 5 años después de cerrado un proyecto para evaluar qué paso con éste y tomar la decisión de repetirlo o no.
La investigación era necesaria, pues en un proceso de inversión social con rentabilidad social, no hay que esperar un tiempo prolongado para saber si lo que se hizo fue correcto y si podemos continuarlo, más cuando se necesitan acciones sostenibles que realmente contribuyan con la disminución de las brechas de exclusión en el país.
Esta evaluación nos ha permitido tener un sustento solido del por qué debemos continuar con determinadas iniciativas y en qué debemos mejorar. Sin embargo, los resultados obtenidos también se deben a nuestros beneficiarios, ya que como parte de la investigación sobre nuestros resultados, fue importante escucharlos, al igual que conocer la forma en que la sociedad percibe y valora el trabajo de la Fundación.
Es así como esta visión de 360 grados a las acciones de la Fundación, hoy nos permite tomar decisiones pertinentes y proyectar futuras inversiones sociales.
Conozca en detalle la Evaluación de Impacto que realizó a sus iniciativas la Fundación Saldarriaga Concha, en nuestro Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012, pág. 38-45.
*La Evaluación de Impacto es una herramienta que se emplea para asegurar que los proyectos, programas o políticas sean viables financieramente, socialmente equitativos y sostenibles.
jueves, 31 de julio de 2014
¿Por qué hablar de inclusión?
Por: Diana Patricia Martínez, líder en educación de la Fundación Saldarriaga Concha
La palabra Inclusión parece ya hoy un término algo desgastado, al cual cada quien le asigna un significado, un sentido diferente a partir de sus vivencias, sus conocimientos, sus valores, sus circunstancias, su contexto, y sus creencias. El interrogante planteado para reflexionar es ¿por qué razón tenemos que hablar de inclusión?
A esta pregunta se podría responder con rapidez: porque simplemente existe la exclusión, históricamente en el mundo se ha dado la segregación de determinados grupos poblacionales por distintas razones, entre otras, por raza, política, religión, discapacidad, género, originándose de alguna manera, una categorización de los seres humanos con mayor o menor valor, de acuerdo a sus características, lo cual se convierte además en el determinante para tener o no los mismos derechos que posee cada individuo, por el sólo hecho de ser persona.
En la actualidad contamos con marcos políticos, normativos y legales, así como documentos, investigaciones, estudios y hasta expertos que pueden explicar clara y ampliamente el tema de la inclusión, sin embargo no es propiamente esto lo que ha logrado que las personas, en general, acepten la diferencia y la puedan vivenciar como algo extraordinario que enriquece y muestra otras facetas de estas personas al afrontar una situación similar.
Frente a este panorama, tal vez lo que se requiere es de una verdadera transformación de paradigma, que transcienda las barreras culturales existentes, que modifique nuestros imaginarios, que nos permita comprender la diversidad como inherente al ser humano, y tener la firme convicción de que la garantía de los derechos de las personas no está mediada por la decisión de alguien que considera equivocadamente que el mundo es homogéneo, y se muestra completamente intolerante respecto a las diferencias.
Apuntemos desde una reflexión profunda a la construcción de una sociedad inclusiva, de una sociedad para todos, que respeta sin excepción, a cada ser humano desde lo que es, y atiende sus necesidades para lograr una mejor calidad de vida. Lo anterior significa que se debe ser congruente con lo que se piensa, se cree y se habla.
La palabra Inclusión parece ya hoy un término algo desgastado, al cual cada quien le asigna un significado, un sentido diferente a partir de sus vivencias, sus conocimientos, sus valores, sus circunstancias, su contexto, y sus creencias. El interrogante planteado para reflexionar es ¿por qué razón tenemos que hablar de inclusión?
A esta pregunta se podría responder con rapidez: porque simplemente existe la exclusión, históricamente en el mundo se ha dado la segregación de determinados grupos poblacionales por distintas razones, entre otras, por raza, política, religión, discapacidad, género, originándose de alguna manera, una categorización de los seres humanos con mayor o menor valor, de acuerdo a sus características, lo cual se convierte además en el determinante para tener o no los mismos derechos que posee cada individuo, por el sólo hecho de ser persona.
En la actualidad contamos con marcos políticos, normativos y legales, así como documentos, investigaciones, estudios y hasta expertos que pueden explicar clara y ampliamente el tema de la inclusión, sin embargo no es propiamente esto lo que ha logrado que las personas, en general, acepten la diferencia y la puedan vivenciar como algo extraordinario que enriquece y muestra otras facetas de estas personas al afrontar una situación similar.
Frente a este panorama, tal vez lo que se requiere es de una verdadera transformación de paradigma, que transcienda las barreras culturales existentes, que modifique nuestros imaginarios, que nos permita comprender la diversidad como inherente al ser humano, y tener la firme convicción de que la garantía de los derechos de las personas no está mediada por la decisión de alguien que considera equivocadamente que el mundo es homogéneo, y se muestra completamente intolerante respecto a las diferencias.
Apuntemos desde una reflexión profunda a la construcción de una sociedad inclusiva, de una sociedad para todos, que respeta sin excepción, a cada ser humano desde lo que es, y atiende sus necesidades para lograr una mejor calidad de vida. Lo anterior significa que se debe ser congruente con lo que se piensa, se cree y se habla.
El sector público y sus responsabilidades frente a la inclusión educativa
Por: Fulvia Cedeño Ángel .Consultora en educación de la Fundación Saldarriaga Concha
La Unesco plantea que la inclusión educativa es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, sin embargo, es necesario tener muy claro que mediante la política de Estado, el Gobierno tiene el rol de garantizar el derecho a la educación de calidad para todos. Es esencial que los gobiernos entiendan que hay que ir más allá del acceso a la escuela para integrar expansión, calidad e igualdad de oportunidades. En la mayoría de nuestros países se da más peso a la ampliación de la cobertura que a la calidad y a la equidad.
En este sentido, es muy importante que el sector gubernamental de nuestro país tenga muy claro que “Ofrecer una educación de calidad, sin discriminación de ninguna naturaleza, implica transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión de estudios y los logros de aprendizajes de todos, con especial atención a quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión” (Unesco).
En la 48ª Conferencia Internacional de Educación, realizada en el 2008 en la que participaron los gobiernos de 153 Estados Miembros de Unesco, se recordó que el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho a la educación, se afirmó que una educación inclusiva y de calidad es fundamental para alcanzar el desarrollo humano, social y económico.
En función de todo lo anterior quedan claramente establecidas las responsabilidades que el sector educativo tiene en la ejecución de las siguientes acciones:
1. Promover mecanismos de concertación entre diferentes sectores del gobierno y de la sociedad civil para el debate y monitoreo de las políticas educativas y para enfrentar las causas que generan desigualdad dentro y fuera de los sistemas educativos, proporcionando recursos adicionales y diferenciados para que los estudiantes en situación o riesgo de exclusión educativa o social puedan, en igualdad de condiciones, aprovechar las oportunidades educativas.
2. Adoptar medidas educativas para atender la diversidad, tales como: educación intercultural para todos; educación con enfoque de género; diversificación de la oferta educativa; adaptación del currículo; elaboración de textos o imágenes que no contengan estereotipos de ninguna clase; extensión de la jornada escolar; y calendarios escolares flexibles según zonas y necesidades, entre otras.
3. Diseñar acciones específicas para asegurar, a determinados colectivos, el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones:
•• Promover una educación intercultural y bilingüe para los pueblos originarios en todos los niveles educativos.
•• Dar prioridad a la mejora de la calidad de las escuelas unidocentes y multigrado de zonas rurales, vinculándolas al desarrollo local, definiendo estrategias de acompañamiento al trabajo de sus docentes y promoviendo la creación de redes entre escuelas.
•• Ampliar el acceso y mejorar la calidad de la educación para las personas con necesidades educativas especiales, fortaleciendo los procesos de escuelas inclusivas y transformando progresivamente los centros de educación especial en centros de recursos para la comunidad y el resto del sistema educativo.
4. Proporcionar apoyo interdisciplinario a los docentes para la identificación y atención temprana y oportuna de las dificultades de aprendizaje.
5. Ampliar el acceso de los estudiantes a las tecnologías de información y comunicación con el fin de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital.
6. Impulsar medidas para lograr un clima escolar favorable que propicie la integración, el respeto mutuo y la solución de conflictos a través del diálogo entre los diferentes actores de la comunidad educativa.”
Con lo anterior, la sociedad civil adquiere un rol fundamental, es su responsabilidad velar por el cumplimiento de estos compromisos, los cuales los deben hacer efectivos los gobiernos, de tal manera que se reflejen en la cualificación de la educación.
La Unesco plantea que la inclusión educativa es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, sin embargo, es necesario tener muy claro que mediante la política de Estado, el Gobierno tiene el rol de garantizar el derecho a la educación de calidad para todos. Es esencial que los gobiernos entiendan que hay que ir más allá del acceso a la escuela para integrar expansión, calidad e igualdad de oportunidades. En la mayoría de nuestros países se da más peso a la ampliación de la cobertura que a la calidad y a la equidad.
En este sentido, es muy importante que el sector gubernamental de nuestro país tenga muy claro que “Ofrecer una educación de calidad, sin discriminación de ninguna naturaleza, implica transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión de estudios y los logros de aprendizajes de todos, con especial atención a quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión” (Unesco).
En la 48ª Conferencia Internacional de Educación, realizada en el 2008 en la que participaron los gobiernos de 153 Estados Miembros de Unesco, se recordó que el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho a la educación, se afirmó que una educación inclusiva y de calidad es fundamental para alcanzar el desarrollo humano, social y económico.
En función de todo lo anterior quedan claramente establecidas las responsabilidades que el sector educativo tiene en la ejecución de las siguientes acciones:
1. Promover mecanismos de concertación entre diferentes sectores del gobierno y de la sociedad civil para el debate y monitoreo de las políticas educativas y para enfrentar las causas que generan desigualdad dentro y fuera de los sistemas educativos, proporcionando recursos adicionales y diferenciados para que los estudiantes en situación o riesgo de exclusión educativa o social puedan, en igualdad de condiciones, aprovechar las oportunidades educativas.
2. Adoptar medidas educativas para atender la diversidad, tales como: educación intercultural para todos; educación con enfoque de género; diversificación de la oferta educativa; adaptación del currículo; elaboración de textos o imágenes que no contengan estereotipos de ninguna clase; extensión de la jornada escolar; y calendarios escolares flexibles según zonas y necesidades, entre otras.
3. Diseñar acciones específicas para asegurar, a determinados colectivos, el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones:
•• Promover una educación intercultural y bilingüe para los pueblos originarios en todos los niveles educativos.
•• Dar prioridad a la mejora de la calidad de las escuelas unidocentes y multigrado de zonas rurales, vinculándolas al desarrollo local, definiendo estrategias de acompañamiento al trabajo de sus docentes y promoviendo la creación de redes entre escuelas.
•• Ampliar el acceso y mejorar la calidad de la educación para las personas con necesidades educativas especiales, fortaleciendo los procesos de escuelas inclusivas y transformando progresivamente los centros de educación especial en centros de recursos para la comunidad y el resto del sistema educativo.
4. Proporcionar apoyo interdisciplinario a los docentes para la identificación y atención temprana y oportuna de las dificultades de aprendizaje.
5. Ampliar el acceso de los estudiantes a las tecnologías de información y comunicación con el fin de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital.
6. Impulsar medidas para lograr un clima escolar favorable que propicie la integración, el respeto mutuo y la solución de conflictos a través del diálogo entre los diferentes actores de la comunidad educativa.”
Con lo anterior, la sociedad civil adquiere un rol fundamental, es su responsabilidad velar por el cumplimiento de estos compromisos, los cuales los deben hacer efectivos los gobiernos, de tal manera que se reflejen en la cualificación de la educación.
¿Estamos listos para internacionalizarnos?
Por: Paula Fonseca, Subgerente Internacionalización-Fundación Saldarriaga Concha
Los constantes cambios que se encuentra enfrentando el mundo, han hecho evidente la necesidad de un reequilibrio económico y por ende, de las relaciones entre los diferentes países.
Hoy el liderazgo para el desarrollo no está únicamente en las manos de las grandes economías tradicionales sino también en las manos de aquellos países emergentes, que gracias a su crecimiento exponencial, han sabido ganarse un espacio fundamental en la balanza global.
El indiscutible ascenso de regiones como América Latina, ha permitido que algunos de sus países como es el caso de Chile, Brasil o Colombia* , ejerzan un mayor peso en la política internacional, y por ende, se vea necesario pensar en diferentes propuestas de reforma frente a las relaciones globales, buscando diálogos más horizontales.
Hoy Colombia se ha consolidado como un referente internacional en diversos temas y ramas, asegurando su voz y su voto en la toma de decisiones que repercuten en la esfera global.
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2013, el hecho de que las economías desarrolladas hayan dejado de crecer, y los países emergentes se encuentren creciendo, lleva por un lado a la participación de nuevas opciones de avance y desarrollo, así como a la aparición de iniciativas innovadoras encaminadas a beneficiar también a las economías avanzadas.
Bajo este escenario, la internacionalización de una empresa u organización colombiana, implica el crecimiento significativo de sus exportaciones, como consecuencia de la identificación y promoción de productos y servicios de calidad exportable.
Gracias al crecimiento colombiano, el país ha logrado posicionar los temas de interés en las agendas internacionales, asegurando visibilidad y participación, y la adaptación de las políticas de desarrollo de los países donantes a los cambios internos del país, y de la misma región.
Aprovechando el reequilibrio de las relaciones hacia un diálogo horizontal entre los países avanzados y los países emergentes, así como la latente necesidad de acciones innovadoras en cabeza de las economías en desarrollo, se entiende como el momento propicio para que las diferentes organizaciones colombianas impulsen su salida al exterior, como una oportunidad de crecimiento y desarrollo.
Para lo anterior, toda organización sin importar el sector, debe tener una apertura para asumir constantemente transformaciones estructurales que le permitan adaptarse a los cambios constantes del sector (social, real, público), y a las dinámicas que definen las tendencias de la ayuda para el desarrollo, en el caso específico del sector social.
Así, con el propósito de mantener un espíritu de progreso y evolución competitiva, es fundamental que las organizaciones sociales abran sus puertas hacia la búsqueda de avances (mejoras) sustanciales que le permitan competir y adaptarse para dar mejores respuestas a los problemas que enfrentan.
De acuerdo con diferentes experiencias, y sumado a la coyuntura de país que nos encontramos viviendo, se ha demostrado que la exploración del ámbito internacional como una forma de evolución competitiva por parte de una entidad del tercer sector (sector social), permite recoger, distribuir y consolidar, en conjunto con otros actores, cambios sociales de gran escala.
Por lo anterior, debería ser una prioridad de toda organización consolidarse dentro y fuera de su entorno geográfico, lo que le permitirá importar y exportar procesos y conocimiento, orientados a superar en el caso social, la exclusión, la inequidad y la pobreza de las poblaciones vulnerables.
* Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano. El ascenso del Sur: Progreso Humano en un Mundo Diverso, 2013. Nueva York 2013. Página 1
Los constantes cambios que se encuentra enfrentando el mundo, han hecho evidente la necesidad de un reequilibrio económico y por ende, de las relaciones entre los diferentes países.
Hoy el liderazgo para el desarrollo no está únicamente en las manos de las grandes economías tradicionales sino también en las manos de aquellos países emergentes, que gracias a su crecimiento exponencial, han sabido ganarse un espacio fundamental en la balanza global.
El indiscutible ascenso de regiones como América Latina, ha permitido que algunos de sus países como es el caso de Chile, Brasil o Colombia* , ejerzan un mayor peso en la política internacional, y por ende, se vea necesario pensar en diferentes propuestas de reforma frente a las relaciones globales, buscando diálogos más horizontales.
Hoy Colombia se ha consolidado como un referente internacional en diversos temas y ramas, asegurando su voz y su voto en la toma de decisiones que repercuten en la esfera global.
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2013, el hecho de que las economías desarrolladas hayan dejado de crecer, y los países emergentes se encuentren creciendo, lleva por un lado a la participación de nuevas opciones de avance y desarrollo, así como a la aparición de iniciativas innovadoras encaminadas a beneficiar también a las economías avanzadas.
Bajo este escenario, la internacionalización de una empresa u organización colombiana, implica el crecimiento significativo de sus exportaciones, como consecuencia de la identificación y promoción de productos y servicios de calidad exportable.
Gracias al crecimiento colombiano, el país ha logrado posicionar los temas de interés en las agendas internacionales, asegurando visibilidad y participación, y la adaptación de las políticas de desarrollo de los países donantes a los cambios internos del país, y de la misma región.
Aprovechando el reequilibrio de las relaciones hacia un diálogo horizontal entre los países avanzados y los países emergentes, así como la latente necesidad de acciones innovadoras en cabeza de las economías en desarrollo, se entiende como el momento propicio para que las diferentes organizaciones colombianas impulsen su salida al exterior, como una oportunidad de crecimiento y desarrollo.
Para lo anterior, toda organización sin importar el sector, debe tener una apertura para asumir constantemente transformaciones estructurales que le permitan adaptarse a los cambios constantes del sector (social, real, público), y a las dinámicas que definen las tendencias de la ayuda para el desarrollo, en el caso específico del sector social.
Así, con el propósito de mantener un espíritu de progreso y evolución competitiva, es fundamental que las organizaciones sociales abran sus puertas hacia la búsqueda de avances (mejoras) sustanciales que le permitan competir y adaptarse para dar mejores respuestas a los problemas que enfrentan.
De acuerdo con diferentes experiencias, y sumado a la coyuntura de país que nos encontramos viviendo, se ha demostrado que la exploración del ámbito internacional como una forma de evolución competitiva por parte de una entidad del tercer sector (sector social), permite recoger, distribuir y consolidar, en conjunto con otros actores, cambios sociales de gran escala.
Por lo anterior, debería ser una prioridad de toda organización consolidarse dentro y fuera de su entorno geográfico, lo que le permitirá importar y exportar procesos y conocimiento, orientados a superar en el caso social, la exclusión, la inequidad y la pobreza de las poblaciones vulnerables.
* Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano. El ascenso del Sur: Progreso Humano en un Mundo Diverso, 2013. Nueva York 2013. Página 1
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