La Unesco plantea que la inclusión educativa es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, sin embargo, es necesario tener muy claro que mediante la política de Estado, el Gobierno tiene el rol de garantizar el derecho a la educación de calidad para todos. Es esencial que los gobiernos entiendan que hay que ir más allá del acceso a la escuela para integrar expansión, calidad e igualdad de oportunidades. En la mayoría de nuestros países se da más peso a la ampliación de la cobertura que a la calidad y a la equidad.
En este sentido, es muy importante que el sector gubernamental de nuestro país tenga muy claro que “Ofrecer una educación de calidad, sin discriminación de ninguna naturaleza, implica transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión de estudios y los logros de aprendizajes de todos, con especial atención a quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión” (Unesco).
En la 48ª Conferencia Internacional de Educación, realizada en el 2008 en la que participaron los gobiernos de 153 Estados Miembros de Unesco, se recordó que el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho a la educación, se afirmó que una educación inclusiva y de calidad es fundamental para alcanzar el desarrollo humano, social y económico.
En función de todo lo anterior quedan claramente establecidas las responsabilidades que el sector educativo tiene en la ejecución de las siguientes acciones:
1. Promover mecanismos de concertación entre diferentes sectores del gobierno y de la sociedad civil para el debate y monitoreo de las políticas educativas y para enfrentar las causas que generan desigualdad dentro y fuera de los sistemas educativos, proporcionando recursos adicionales y diferenciados para que los estudiantes en situación o riesgo de exclusión educativa o social puedan, en igualdad de condiciones, aprovechar las oportunidades educativas.
2. Adoptar medidas educativas para atender la diversidad, tales como: educación intercultural para todos; educación con enfoque de género; diversificación de la oferta educativa; adaptación del currículo; elaboración de textos o imágenes que no contengan estereotipos de ninguna clase; extensión de la jornada escolar; y calendarios escolares flexibles según zonas y necesidades, entre otras.
3. Diseñar acciones específicas para asegurar, a determinados colectivos, el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones:
•• Promover una educación intercultural y bilingüe para los pueblos originarios en todos los niveles educativos.
•• Dar prioridad a la mejora de la calidad de las escuelas unidocentes y multigrado de zonas rurales, vinculándolas al desarrollo local, definiendo estrategias de acompañamiento al trabajo de sus docentes y promoviendo la creación de redes entre escuelas.
•• Ampliar el acceso y mejorar la calidad de la educación para las personas con necesidades educativas especiales, fortaleciendo los procesos de escuelas inclusivas y transformando progresivamente los centros de educación especial en centros de recursos para la comunidad y el resto del sistema educativo.
4. Proporcionar apoyo interdisciplinario a los docentes para la identificación y atención temprana y oportuna de las dificultades de aprendizaje.
5. Ampliar el acceso de los estudiantes a las tecnologías de información y comunicación con el fin de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital.
6. Impulsar medidas para lograr un clima escolar favorable que propicie la integración, el respeto mutuo y la solución de conflictos a través del diálogo entre los diferentes actores de la comunidad educativa.”
Con lo anterior, la sociedad civil adquiere un rol fundamental, es su responsabilidad velar por el cumplimiento de estos compromisos, los cuales los deben hacer efectivos los gobiernos, de tal manera que se reflejen en la cualificación de la educación.
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